19 de abril del 2025.- Un tribunal federal mantuvo en prisión preventiva a Mario Delgado Murillo, excolaborador del exgobernador Silvano Aureoles, por presuntas irregularidades en la contratación de siete cuarteles de la Policía Estatal, cuyo costo superó los 3 mil 412 millones de pesos.
Delgado Murillo, quien se desempeñó como delegado administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, enfrenta un proceso penal por delitos de peculado, administración fraudulenta, asociación delictuosa y lavado de dinero.
El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México desechó la queja presentada por el exfuncionario, quien buscaba revertir la medida cautelar de prisión dictada el pasado 7 de marzo por la jueza de control Patricia Sánchez Nava. La juzgadora determinó su ingreso al penal al considerar que existía un riesgo de fuga.
Según información publicada por Excélsior, aunque Delgado Murillo promovió un juicio de amparo para obtener su liberación, la jueza Noveno de Distrito en Materia Penal, Jovita Vargas Alarcón, sólo le concedió una suspensión provisional limitada, que dejó su libertad sujeta a la jurisdicción del órgano que lleva el proceso penal.
Al no obtener una resolución favorable, el exdelegado presentó una queja que fue considerada infundada por el tribunal colegiado. En su fallo, los magistrados concluyeron que no se acreditaban los elementos necesarios para modificar la medida cautelar ni existía riesgo inminente de vulneración de sus garantías constitucionales.
Mario Delgado Murillo es uno de los exfuncionarios cercanos a la administración de Silvano Aureoles que han sido señalados por presuntos actos de corrupción. En el mismo caso están implicados Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas; José Antonio Bernal Bustamante, extitular de Seguridad Pública, y Elizabeth Villegas Pineda, también exdelegada administrativa de la SSP.
El caso representa uno de los expedientes más graves de presunta corrupción en la gestión pasada, relacionado con gastos millonarios en infraestructura de seguridad que hoy están bajo el escrutinio judicial.
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