En Michoacán, por ley, se garantizará la atención jurídica, psicológica, atención médica y económica a todas las niñas, niños y adolescentes que estén en orfandad a consecuencia del delito de feminicidio de sus madres, ello tras aprobarse la reforma impulsada por la diputada Lupita Díaz Chagolla, en el Pleno de la LXXV Legislatura Local.
Tras avalarse las reformas a la Ley de Atención a Víctimas, a la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, ambas del Estado de Michoacán, la coordinadora de la bancada del PRD en el Congreso Local celebró que pueda cristalizar su propuesta, ya que, con ello, se les dará protección a los menores que quedan huérfanos.
Estimó que en Michoacán son más de 200 niños, niñas y adolescentes los que están en estas condiciones y, si bien, el estado les ayuda, son apoyos únicos, y con esta reforma se garantiza que por Ley sea hasta la mayoría de edad.
Refirió que esta propuesta la impulsó porque, en muchos casos, los menores no cuentan con la protección ni garantía de que sus tutores tengan los recursos suficientes para atender los gastos que se generan para su alimentación, educación y servicios médicos, además de sus terapias psicológicas y procesos jurídicos, por lo que se les quedaría dar certeza.
Con estas reformas, se abona a salvaguardar los derechos de las niñas, niños y adolescentes víctimas indirectas de feminicidio, quienes tendrán la protección del Estado por Ley.
“Tenemos casos muy preocupantes, ya que – en varios casos – es el progenitor de las niñas, niños y adolescentes el que cometen el delito de feminicidio, y los hijos enfrentan doble dolor, y están al amparo de familiares que en ocasiones no cuentan con los recursos para sostenerlos y algunos hasta abandonan sus estudios”, afirmó.
Al tiempo que, señaló que según datos del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), se cuenta con un registro de tres mil niñas y niños en situación de orfandad por este delito, por eso la importancia que se atienda esta problemática.
Gracias a las reformas impulsadas por Lupita Díaz y aprobadas por la LXXV Legislatura, el gobierno estatal deberá garantizarles a las niñas, niños y adolescentes víctimas indirectas de feminicidio, la protección, su educación, tratamiento psicológico y lo que requieran para su adecuado desarrollo hasta cumplir la mayoría de edad.
