La Cámara de Diputados aprobó un dictamen que suspende los derechos políticos a aquellas personas que sean violentadoras de mujeres, niños, niñas o adolescentes.
Esto significa que no podrán ocupar cargos públicos o de elección popular, ni participar en procesos electorales. La medida busca garantizar que quienes han cometido actos de violencia de género o contra menores de edad no tengan la posibilidad de acceder a cargos públicos y así prevenir la impunidad en estos casos.
La Cámara de Diputados aprobó, con la mayoría calificada de 455 votos a favor, cero en contra y 25 abstenciones, el dictamen que reforma y adiciona los artículos 38 y 102 de la Constitución Política, en materia de suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público.
“Establece que se suspenden los derechos o prerrogativas de los ciudadanos por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual, por violencia familiar, familiar equiparada o doméstica y violación a la intimidad sexual y por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos”, informó la Cámara de Diputados.
Lo mismo en el caso de ser declarada como persona deudora alimentaria morosa. En esos supuestos, la persona no podrá ser registrada como candidata para cualquier cargo de elección popular, ni ser nombrada para algún empleo, cargo o comisión en el servicio público.
Además, incorpora un lenguaje inclusivo y de mayor precisión en los requisitos para ser titular de la Fiscalía General de la República. El dictamen se envió al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
Materializan la suspensión de derechos
Al fundamentar el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, la diputada Lidia García Anaya (Morena) señaló que desde 2021, la iniciativa “3 de 3” fue un lineamiento para el proceso electoral de ese año, y hoy se materializa la suspensión de derechos para ocupar un cargo, empleo o comisión del servicio público cuando se tenga sentencia firme en cualquiera de sus tipos penales.
Mencionó que, si las personas, padres o madres fueran responsables con sus hijos, “estos artículos no tendrían que existir; hoy avanzamos significativamente dejando de ser observadores de actos de irresponsabilidad para las familias mexicanas y velando porque los cargos de elección popular sean para personas congruentes y comprometidas con sus hijos”.
Este día, añadió, se deja sentado un avance histórico en materia legal, al prohibir el registro como candidato o candidata a cualquier cargo de elección popular para que no pueda ser nombrada para ningún empleo o comisión del servicio público en los casos en los que se pierden o suspenden los derechos como ciudadanos. “Damos cumplimiento a la necesidad de prever en la Constitución las causales de suspensión de derechos ciudadanos”.
Desechan moción suspensiva
En votación económica, se desechó una moción suspensiva del diputado Gerardo Fernández Noroña (PT), quien pidió retirar el dictamen y revisarlo porque tiene problemas de fondo, pues “si bien estoy de acuerdo, con la reforma no se va a mover ningún milímetro la violencia contra las mujeres; seguirán siendo víctimas y se usará para sacar de toda actividad política a compañeras y compañeros. El 20 por ciento de quienes están en el padrón de violentadores son mujeres”.
Cero tolerancia a la violencia de género
En los posicionamientos, la diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena) enfatizó que este será “un día histórico para mexicanas y mexicanos porque damos un paso trascendental por nuestros derechos”. Reconoció el trabajo coordinado y solidario de diputadas de todos los grupos parlamentarios que durante años construimos esta iniciativa de igualdad sustantiva y cuyo objetivo es avanzar en los derechos de las mujeres y de sus hijas e hijos.
Aclaró que la reforma no es punitiva ni vulnera derechos de nadie, ya que sólo limita el acceso a los cargos públicos y de poder a quien esté sancionado con sentencia firme, “es decir, al momento de pretender participar como candidata o candidato a ocupar un cargo en el servicio público por actos constitutivos de violencia hacia las mujeres. El mensaje es: cero tolerancia a la violencia de género”.
‘Un violentador es un delincuente’
Por el PAN, la diputada Joanna Alejandra Felipe Torres consideró que un violentador, es un delincuente y, a ellos se les sanciona no se les premia con cargos. Las mujeres que ocupamos hoy un cargo público, dijo, “debemos impulsar cambios cualitativos en la manera de hacer política y gobernar, así como evitar que la segmentación partidista sea un obstáculo para luchar por la erradicación de la violencia en contra de las mujeres”.
Resaltó que están obligadas a generar nuevas formas de gobernar, ya que “hoy la política y el servicio público necesitan ser dignificados, regresar a los estándares mínimos de ética y moralidad como principios rectores de la conducta pública. Es urgente reivindicar a la política y ser representados por personas con firmes convicciones. Ningún agresor más en el poder”.
La diputada Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz (PRI) expuso que se busca evitar que no sean registrados como candidatas y candidatos a un cargo de elección popular ni ser nombrados en una comisión del servició público, a quienes hayan violentado: “No más agresores en el poder público, la mujer no es un dato, sino una historia de vida y en todas tenemos mucho que aportar”.
Reiteró que el dictamen es la muestra de que cuando se antepone el interés de la mayoría es posible construir acuerdos y avanzar en el perfeccionamiento de los marcos jurídicos para atender demandas sensibles de la sociedad; es un paso importante y necesario, pero insuficiente por sí solo, por lo que “debemos predicar con el ejemplo, a fin de desterrar las causas que dan origen a la violencia”.
Certeza a las víctimas de violencia de género
Del PVEM, la diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz destacó que las reformas otorgarán certeza a las víctimas de violencia de género sobre la no elegibilidad de sus agresores y representará dar un paso firme para acabar con las agresiones en contra de las mujeres. “Una de las más graves es la que se genera desde el hogar, pues son las mujeres quienes tienen mayores dificultades reales para allegarse de un ingreso que les permita a ellas y a sus familias satisfacer sus necesidades básicas”.
Ana Laura Huerta Valdovinos, diputada del PVEM, refirió que, a pesar de los esfuerzos, las mujeres siguen padeciendo violencia en todos los ámbitos de su vida. “No debemos permitir que quienes aspiren a ocupar un cargo de representación popular sean acosadores, hostigadores, agresores o deudores alimentarios”. Con las reformas se podrá garantizar a la ciudadanía contar con representantes populares comprometidos con la lucha contra la violencia de género y con sensibilidad sobre el tema.
No más violentadores
Ana Karina Rojo Pimentel, diputada del PT, expresó que el objetivo es evitar que un violentador o violentadora ocupen un cargo público o de elección popular. No es una reforma constitucional en contra de los hombres, sino en contra de quienes atentan de manera intencional contra la vida y la integridad corporal, la libertad y la seguridad sexual. “Ningún violentador más en un cargo público”.
La diputada del PT María Rosete Sánchez alzó la voz por las mujeres que hoy en día viven en silencio, las que callan por miedo y son coaccionadas por un macho atrás del espacio de representación que de manera legítima ostentan. “Hoy la casa del pueblo de México dice: ningún deudor alimentario, ningún violentador familiar ni sexual o de género en espacios de representación. Nunca más un agresor en el poder ni en el servicio público”.
Del mismo grupo parlamentario, la diputada Lilia Aguilar Gil señaló que el hecho de que las mujeres tengan derechos y que los violentados no lleguen a la Cámara “no quiere decir que estamos atacando a los hombres, sino quiere decir que las mujeres estamos avanzando en nuestros derechos y que no permitiremos más que se nos violente y que vengan acá a tomar decisiones. Allá fuera se ejerce la violencia contra las mujeres por los que tienen el poder”.
‘3 de 3’ ahora estará en la Constitución
La diputada Mirza Flores Gómez (MC) señaló que la reforma protege a niñas, niños, jóvenes y mujeres de todo el país; se avanza hacia una verdadera paridad sustantiva, ya que establece la obligatoriedad que todo partido político o entidad de la Administración Pública Federal, estatal y municipal exijan a los candidatos a cargos públicos no incurrir en actos que perpetúan la violencia.
También de MC, la diputada Jessica Ortega de la Cruz dijo que hoy se da un paso hacia la igualdad sustantiva, al evitar que agresores ocupen cargos del servicio público. “Es contradictorio que una persona que inaugura una obra pública, a su vez acose sexualmente a sus subordinadas o subordinados, por lo que con la “3 de 3” contra la violencia se abre camino en todos los niveles de gobierno”.
Amalia Dolores García Medina, diputada de MC, destacó que la reforma pone en el centro el respeto y que en el servicio público estén quienes tengan la autoridad ética para ejercer esa función. La “3 de 3” ahora estará en la Constitución, lo cual permitirá que se traduzca en la vida cotidiana y diaria de la ciudadanía.
‘Ningún violentador en el poder’
El diputado Luis Espinosa Cházaro (PRD) afirmó que su grupo parlamentario está convencido de que quien es capaz de violentar a su esposa, pareja, hijas o hijos, no puede ni debe ocupar cargo alguno en el gobierno, ni tampoco puede participar en la toma de decisiones que afectan al país, porque si una persona “es capaz de transgredir a su primer círculo de confianza y amor, no podrá cumplir con la sociedad y con su país ninguna responsabilidad encomendada”.
La diputada Olga Luz Espinosa Morales (PRD) resaltó que con la reforma se suspenderán los derechos para ocupar un cargo público, ya sea candidato o servidor público, a las personas agresoras con sentencia firme o deudores alimentarios. “Se visibiliza la urgencia de un cambio de paradigma para la construcción de un país que las mujeres y niñas queremos y también merecemos. Hoy decimos fuerte y claro: ningún violentador llegará al poder”.
Posturas a favor
La diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos (Morena) precisó que hoy se rinde tributo al gran esfuerzo de las mujeres que han forjado la historia e impide que quienes han ejercido violencia en razón de género accedan a cargos de elección popular o se desempeñen como servidores públicos y promueve la participación política y un acceso a una vida libre de violencia.
Marcelino Castañeda Navarrete, diputado del PRD, mencionó que con el dictamen se busca visibilizar a la violencia política en razón de género que tantas mujeres han padecido y, con ello, logren un acceso pleno a sus derechos. “Los hombres deben acompañar los ejercicios de paridad y la no violencia”.
Por MC, la diputada María Elena Limón García, expresó que la violencia de género es inaceptable y debe condenarse sin miramientos; requiere medidas adecuadas y eficaces para erradicarla por completo. Un cargo público necesita de servidores públicos íntegros que respeten irrestrictamente los derechos humanos de todas y todos, especialmente, de los grupos más vulnerables.
La diputada Alma Carolina Viggiano Austria (PRI) resaltó que la reforma es testimonio del activismo de las mujeres; es una herramienta constitucional que blinda los valores y da legitimidad a las instituciones democráticas. “Hoy se garantiza que ningún agresor, acosador o deudor de pensión alimentaria pueda acceder a una posición pública; nadie con esa condición puede tomar decisiones sin un compromiso ético y los valores que deba defender”.
Reyna Celeste Ascencio Ortega, diputada de Morena, recalcó que con estos cambios a la Carta Magna nadie podrá ejercer un cargo público si ejerce violencia contra su propia familia, mujeres, niñas o niños; “tampoco pueden aspirar a conducir la vida social si recurrentemente dejan de cumplir con las obligaciones que dan alimento a sus familiares; es una cuestión de sentido común”.
A su vez, la diputada Cecilia Anunciación Patrón Laviada (PAN) resaltó que “quien no es capaz de cuidar lo más sagrado que es su familia, mucho menos podrá cuidar al pueblo de México”. Aclaró que el fondo de la reforma no es sancionar, sino detener la violencia contra mujeres, niñas y niños. “El país necesita servidores públicos dignos y comprometidos con la gente”.
Luz Adriana Candelario Figueroa, diputada de Morena, afirmó que el dictamen combate la violencia en contra de las mujeres. “Estamos a favor del ejercicio igualitario de las mujeres en el ámbito público y de una democracia basada en el respeto de la dignidad de las personas y de los derechos humanos”.
En la sesión presencial, la presidencia de la Mesa Directiva informó que se recibió reserva de la diputada Julieta Mejía Ibáñez (MC), quien solicitó se insertará en el Diario de los Debates.
