El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Guillermo Valencia Reyes, lamentó que en la capital michoacana se concentre una cuarta parte del total de homicidios dolosos registrados durante el año 2022 en el estado.
“El fiscal general del estado, Adrián López Solís, informó que los primeros diez meses de este año se han registrado mil 435 víctimas de homicidio doloso en Michoacán”, refirió.
El líder estatal detalló que, al revisar cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), durante la gestión del actual alcalde, Alfonso Martínez Alcázar, hay un registro de 360 homicidios dolosos en Morelia en el mismo periodo, lo que representa prácticamente una cuarta parte de los casos reportados por el fiscal.
También recalcó que las obligaciones no se evaden ni se transfieren, por lo que la responsabilidad de un mandatario se visualiza en la medida en la cual es capaz de asumir los problemas sociales como propios.
“Los datos no mienten, como tampoco los muertos”, explicó.
Asimismo, comentó que evadir las responsabilidades, desviar la atención o tratar de confundir a la opinión pública es inadmisible, además, ignorar la situación, fingir normalidad o aún mejoría en indicadores es un acto perverso, ya que no resuelve la situación y entre otras cosas, no propicia la coordinación institucional y el problema seguirá creciendo.
Sobre la inseguridad en Morelia, indicó que urge revertir la situación y para lograrlo, se debe transparentar la estrategia de seguridad; conformar un comité ciudadano en la Comisión de Seguridad Municipal, donde haya contralores sociales que vigilen el accionar de la dependencia y sus funcionarios.; así como poner un ultimátum al gabinete de seguridad para que, en caso de no mejorar indicadores, presenten su renuncia colectiva y, en caso de encontrarse irregularidades se les finquen responsabilidades.
“También es necesario coordinarse con los gobiernos, estatal y federal; destinar más recursos humanos, materiales e inteligencia para disminuir los índices de violencia homicida; y revertir las desigualdades en la asignación de seguridad, porque la policía no puede seguir existiendo solo para proteger negocios particulares, a funcionarios o a zonas privilegiadas del municipio”, finalizó.
