A mediados de diciembre pasado solicitó a la Secretaría de la Función Pública información sobre los procedimientos administrativos de Aureoles
México, 18 de enero de 2022.- La Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación en contra del exgobernador de Michoacán, el perredista Silvano Aureoles Conejo, por posibles actos de corrupción cometidos durante su mandato.
La Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) integró la carpeta de investigación FED/FEMCC/FEMCC-MCH/0000601/2021 y a mediados de diciembre pasado solicitó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) información sobre los procedimientos administrativos que se hayan abierto en contra del exmandatario con motivo del ejercicio de sus funciones, según un oficio de la FGR que obtuvo el medio nacional SinEmbargo
El agente del Ministerio Público Federal a cargo de la indagatoria también pidió a la Función Pública información sobre la trayectoria y carrera pública de Silvano Aureoles, desde el número de los cargos públicos que ha desempeñado y el periodo en que los ejerció, se lee en el documento.
En noviembre pasado, el actual Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla denunció públicamente que habían detectado un presunto fraude por 5 mil 186 millones de pesos en la construcción, arrendamiento y la compra de cuarteles regionales de la policía estatal.
Administración silvanista firmó contratos de arrendamientos irregulares
Ramírez Bedolla detalló en ese entonces que la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) ya investigaba el supuesto desfalco que Aureoles habría cometido junto con la constructora encargada de edificar con sobrecostos los cuarteles regionales en los municipios de Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Coalcomán, Jiquilpan, Zitácuaro, Uruapan y Huetamo.
El 8 de noviembre, Salvador García Soto, columnista de El Universal, dio a conocer que el Gobierno de Silvano Aureoles contrató a una empresa tecnológica e informática propiedad de Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la conductora de televisión Inés Gómez Mont, a la que le pagaron hasta 132 millones de dólares en cinco años, desde 2017 hasta 2021, para instalar y operar un sistema de espionaje.
Un día después, el Jefe del Ejecutivo en Michoacán confirmó que la administración de Aureoles pagó 19.5 millones de dólares por una red de espionaje que le habría comprado a una empresa de Álvarez Puga.
El exmandatario perredista, de acuerdo con Ramírez Bedolla, firmó en el año 2017 un contrato para la compra de un software destinado al monitoreo y actualización de las direcciones IP de dispositivos electrónicos en todo Michoacán. Dijo que en cada uno de los municipios se utilizaron 12 computadoras para “su servicio y mantenimiento”.
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