En nuestro país existen 6.1 millones de personas con algún tipo de discapacidad
Morelia, Michoacán. 15 de enero de 2022. Es necesario que en los municipios de Michoacán se destine el presupuesto previsto por Ley para la atención a personas con discapacidad, subrayó el diputado Víctor Zurita Ortiz, presidente de la Comisión Especial de Atención a Personas con Discapacidad de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.
El diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena recordó que el artículo cuarto de la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, establece un dos por ciento como mínimo del presupuesto en municipios para instrumentar programas y realizar acciones prioritarias que garanticen la eficaz atención y el desarrollo integral de las personas con discapacidad.
“Es claro que las problemáticas económicas que enfrentan los municipios son múltiples, sin embargo, resulta fundamental el cumplimiento de la norma para permitir el pleno desarrollo de las personas con discapacidad”.
Refirió que en nuestro país existen 6.1 millones de personas con algún tipo de discapacidad, tanto visual, como motora, auditiva, del habla o cognitivas, por lo que es fundamental políticas públicas que incluyen en su gama de acción una visión integral para atender a cada una de ellas.
Abundó al señalar que el Censo de 2020 del INEGI reporta que actualmente existen en Michoacán 826,874, personas con algún grado de discapacidad de un total de población de 4 millones 749 mil habitantes, reflejando un porcentaje de un 17.4%; asimismo 544 mil 104 personas tienen alguna limitación y 258 mil 107 cuentan con una discapacidad absoluta.
Víctor Zurita consideró necesario conocer cuánto presupuesto están destinando los municipios a este rubro, hasta qué punto sus capacidades económicas les han permitido dar cumplimiento a lo establecido en la Ley, para poder así planificar acciones al respecto.
En ese sentido apuntó que si bien se ha venido avanzando en materia legislativa y en la generación de políticas públicas al respecto, las medidas aún resultan insuficientes, por lo que se requiere destinar el recurso previsto por la norma para poder dar pasos más efectivos en materia de inclusión.
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