La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) es una institución comprometida con la transparencia y el adecuado desarrollo de sus actuaciones, a fin de generar certeza a la ciudadanía en los procesos de procuración de justicia, expuso su titular, Adrián López Solís, durante la incineración de droga realizada en el Centro de Adiestramiento Militar de la XII Región Militar, en Morelia.
En el marco de esta actividad, López Solís reiteró que la atención a los delitos que atentan contra la salud es una línea prioritaria para la FGE, en la que se han intensificado acciones que han derivado en el aseguramiento de estas sustancias, que por su cantidad, están contempladas en los delitos del Fuero Común.
El Fiscal General exhortó a no bajar la guardia, cumplir con la función sustantiva de la FGE en el combate a estos delitos y evitar que quienes los cometen sigan atentando contra uno de los bienes más preciados de las personas, la salud, por ello, destacó la importancia de llevar a cabo la quema de dichos narcóticos, cumpliendo así con lo establecido en la Ley Orgánica de la FGE y el Código Nacional de Procedimientos Penales.
En total fueron incinerados 33 kilos 743 gramos de estupefacientes como marihuana, metanfetamina, cocaína y heroína, sustancias aseguradas en diversas actuaciones realizadas por las fiscalías regionales de Morelia, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Coalcomán y Apatzingán, así como de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto y la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS).
Su destrucción se llevó a cabo bajo la supervisión de una comisión operativa integrada por titulares de la Fiscalía Regional de Morelia, Fiscalía de Asuntos Internos, Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto, Dirección General Jurídica y de Derechos Humanos, así como de la Contraloría de la FGE.
Asimismo, se revisó que para dicho procedimiento se cumpliera con los estándares legales necesarios, como el Informe Policial Homologado (IPH), Cadena de Custodia, dictamen químico de identificación y pesaje de narcótico, emitido por la Coordinación General de Servicios Periciales y la resolución de la autoridad jurisdiccional o Ministerio Público que ordena su destrucción.
