En la batalla desigual por el agua entre el interés comercial y las comunidades, a las comunidades les ha tocado la peor parte
Morelia, Michoacán, a 29 de septiembre del 2020.- Como parte de los trabajos legislativos para crear la nueva Ley General de Aguas, se ha desarrollado un foro. Esto para determinar la situación del agua en nuestro país. Así, el foro Avances y Reflexiones Hacia la Ley General de Aguas ha sido convocado por el Observatorio Académico de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones de la UNAM. Lo mismo que por el Programa de Sustentabilidad de la UAM y las cuatro Comisiones Dictaminadoras de las Cámaras de Senadores y de Diputados. También por la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
“Hay una absoluta necesidad de una ley que defina que el uso del agua para consumo humano es la prioridad. Por encima de cualquier otro uso. Ningún megaproyecto debe comprometer el consumo humano del agua. Esto es importante en México, donde hay muchas tensiones en torno del tema”, dijo Leo Heller, Relator Especial del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento de la ONU.
Dentro del foro también se ha analizado la crítica situación del vital líquido en México, la cual se encuentra en manos de unas pocas personas.
“En la batalla desigual entre el interés comercial y las comunidades, a éstas últimas les ha tocado la peor parte. 70% de las aguas concesionadas están en manos de solo 7% de los concesionarios. Existen 1,011 millonarios del agua. Se estima que los ríos están fuertemente contaminados y sus pobladores con problemas de salud. El agua es un reto estratégico en todo el país”, dijo la Senadora Gloria Sánchez Hernández, Secretaria de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Senadores.
Propuestas para la nueva Ley General de Aguas
Entre las propuestas a ser incluidas en la nueva Ley General de Aguas, destaca el asegurar que los pueblos originarios puedan participar en la toma de decisiones sobre la administración de las cuencas. Así como el que las grandes concesiones se vean limitadas en cuanto al volumen que pueden utilizar. Esto para garantizar la seguridad hídrica de la población.
Otras propuestas consensuadas son que se priorice el uso del agua para uso doméstico y de servicios públicos básicos. Y que no se autorice la concesión de aguas a proyectos que pudieran vulnerar el derecho humano a este vital recurso.
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