Gobernadores de oposición al Gobierno Federal crearon un bloque y han tenido una serie de reuniones, con el absurdo pretexto del mal manejo de la pandemia
Por Rigoberto Guzmán Uriarte
Cuando entendemos como estado de derecho a la forma de organización social de un Estado que ejecuta un conjunto de reglamentos, leyes y normas a fin de garantizar el principio de legalidad, seguridad y los derechos fundamentales de todos los ciudadanos tales como lo son la vida, nos ponemos a pensar si verdaderamente estamos viviendo en éste.
Con llegadas en helicópteros, aviones privados, caravanas de camionetas de lujo y cientos de elementos de seguridad, gobernadores de oposición al Gobierno Federal crearon un bloque con el que sostuvieron en fechas pasadas una serie de reuniones claramente ostentosas, mismas que comenzaron con el absurdo pretexto de un supuesto mal manejo de la pandemia por parte de la federación, y que terminaron poniendo sobre la mesa una serie de exigencias, la mayoría de estas relacionadas con presupuesto, con dinero, con money; pues es de llamar la atención que los Estados que forman el bloque están señalados por tener el peor manejo de éste y con la mayor deuda pública del país.
Deuda pública
En este caso Michoacán no es la excepción. El Gobernador Silvano Aureoles Conejo contrató, en los primeros siete de meses de su gobierno, deuda pública a corto plazo por 3 mil 900 millones de pesos. En el año 2019 adquirió deuda por 700 millones y durante lo que va del presente año, adquirió deuda por más de 3 mil millones de pesos. Sumando a estos 17 mil millones de pesos que solicitó para la restructuración de la deuda. Con lo que podría dejar al final de su administración una deuda de más de 25 mil millones de pesos. La más grande en la historia del Estado.
Además es una de las entidades con mayor número de observaciones por parte de la Auditorita Superior de la Federación (ASF). Ya que ésta señaló al Estado en el pliego de observaciones con número 2018-A-16000-19-1012-06-001 del año 2018. Daños a la hacienda pública por más de 1 mil millones de pesos. Los cuales no fueron justificados. Faltará ver los resultados de la fiscalización del 2019 y de lo que queda de su “administración”.
El buen juez por su casa empieza
Bien dicen que el buen juez por su casa empieza. Pero no es el caso de esta administración. Ya que el problema no surge únicamente en materia financiera. Otro de los elementos en los que estamos muy bien rankeados es en materia de seguridad. O mejor dicho, de inseguridad. Pues es incongruente que otra de las exigencias de este grupo y del ejecutivo del Estado de Michoacán, sea el alto a la Ley de Seguridad Interior. En la que en su contenido explica los alcances y cuál es su finalidad, como apoyar a la Guardia Nacional con sus tareas y garantizar la seguridad de los Mexicanos.
Michoacán, tan solo en el primer trimestre del año, ocupó el tercer lugar con mayor indicie de violencia, con un total de 680 homicidios dolosos. Ocupamos el cuarto lugar en casos de feminicidio y violencia de género. Se han asesinado a defensores de los Derechos Humanos, periodistas y activistas en el cuidado del medio ambiente y personas que han denunciado la tala clandestina. Así como el cambio del uso de suelo para la siembra del aguacate y el uso de cañones antigranizo. Problemáticas que también atañen al Estado y que a pesar de los llamados de los defensores, ambientalistas, asociaciones civiles, e inclusive varios exhortos por parte del Congreso del Estado a lo largo de su administración, no hemos sabido la razón por la que no se ha hecho nada por frenarlas.
Candil de la calle y obscuridad de su casa
El caso es que tan solo en lo que va del año, la suma de todos estos homicidios dolosos es casi cuatro veces lo que va de registros de personas fallecidas a causa del COVID-19 en nuestro territorio. Esto para dimensionar la incongruencia de lo que exigen nuestras autoridades, por mencionar algunos de los hoyos en los que nos ha metido el actual gobierno.
¿Con qué cara podemos exigir un presupuesto extraordinario, cuando ni siquiera hemos podido justificar el que ya se nos ha dado? ¿Con qué cara pedimos frenar una ley, con la intensión de mejorar la seguridad, cuando ni siquiera podemos garantizar el derecho a la vida y a la integridad de nuestras mujeres, nuestras familias, nuestros periodistas y de nuestros protectores de la madre tierra, ni siquiera la de la vida de nuestros bosques y nuestros mantos acuíferos a cambio de intereses?
Todo lo anterior hace honor al dicho que a su letra dice, “candil de la calle y obscuridad de su casa”.
¿Creen ustedes que Michoacán vive entonces en un estado de pleno derecho?
Dejo estas preguntas para la reflexión, ya que los lectores tendrán la última palabra.
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