Por: Rigoberto Guzmán
En tiempos del coronavirus salen a resaltar las deficiencias de un sistema legal obsoleto en materia de los derechos laborales en México.
Mientras en otros países marcas de talla internacional como lo son Starbucks Coffee, Dominos Pizza, Vips entre otros, siguen pagando a sus trabajadores sus salarios de forma habitual aun estando en cuarentena, en México la empresa ALSEA quien presume de ser una empresa 100% Mexicana y así también de representar a dichas marcas “socialmente responsables” la realidad demuestra lo contrario.
Actualmente y a pesar de que el Subsecretario de Salud Publica en México, el Doctor Hugo López Gatell Ramírez indicó que en estos momentos no se debe de salir de casa, las sucursales de estas marcas siguen operando en un 99% de forma habitual en nuestro país, aprovechado la coyuntura para dejar a sus trabajadores en el desamparo y coaccionándolos para que si los trabajadores quieren seguir percibiendo su salario éstos asistan de forma habitual a trabajar, arriesgándolos a contraer el virus o como segunda opción tomando la cuarentena de forma “voluntaria” pero sin goce de sueldo; obligándolos por necesidad a seguir laborabdo o en el caso de que se sientan en estado de vulnerabilidad, a renunciar y no a ser despedidos por parte de la empresa, ya que en el caso de ser así esto si representaría una afectación mayor para estas marcas.
La razón de que en México pase esto y no en otros países se debe a que mientras el Presidente de la República, el Lic. Andrés Manuel López Obrador, les pide como favor a estas empresas que no se aprovechen de la situación, esto no debería de ser así, lo anterior es consecuencia de que no existe un sistema jurídico que les obligue de una forma contundente o que tenga una sanción real; en ambos casos la Ley Federal de Trabajo así como la Ley del Seguro Social contemplan que existen enfermedades en las que el trabajador puede correr el riesgo de contraer mientras realice su labor y estas están englobadas en lo que la ley define como un riesgo de trabajo, en el que la consecuencia es únicamente una indemnización del trabajador en caso de caer en el supuesto y no existe sanción mayor aún y cuando el empleador sabe previamente que el riesgo de contraer COVID19 representa un peligro eminente no sólo para la empresa, sino para la sociedad en general.
Hasta le fecha en México existen miles de empresas que usan estas debilidades del sistema legales sin las consecuencias que traen estas acciones, ya que no son las únicas prácticas que existen; existen otras que siguen afectando a los trabajadores, por ejemplo el entregar contratos por tiempo cortos y definidos con la finalidad de no generar prestaciones, o el llamado outsourcing en el que evitan generar alguna obligación legal con el trabajador, prácticas que sigues violentando los derechos laborales.
Las grandes empresas con grandes corporativos legales asesorándolos, les hacen ver que las deficiencias legales que existen en México son oportunidades para ellos y que al tomar estas medidas sin tener ninguna conciencia real o considerables hagan que estas como dirían de una forma coloquial se pasen las leyes por el arco del triunfo, mientras que en otros países las consecuencia son reales y les podría salir más caro el caldo que las albóndigas.
