Morelia, Michoacán, a 12 de Junio de 2019.- “La reforma constitucional conlleva un cambio radical, pues la justicia laboral –habiendo formado parte del Poder Ejecutivo- ahora se viene a judicializar, es decir, formará parte de las competencias de los poderes judiciales, tanto el federal como los estatales” expresó Héctor Octavio Morales Juárez, magistrado presidente del Poder Judicial de Michoacán.
“Ahora los conflictos los conocerá y resolverá un juez especializado en materia laboral, capacitado y con el conocimiento necesario de la norma, que deberá observar los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia, lo que dará certeza jurídica al trabajador que se ve inmerso en un juicio de este tipo”.
El magistrado señaló que se establece un periodo de tres años para que los poderes judiciales estatales tomen las medidas necesarias para empezar a conocer de los asuntos, entre ellas, contar con personal especializado y cubrir los requerimientos de infraestructura y mobiliario.
En ese sentido, el Poder Judicial está en el proceso de selección del personal –vía concurso- para lo cual se requeriría al menos un año, “ahora ya tenemos una reserva de 12 jueces provenientes del Primer concurso de oposición para ocupar el cargo de juez de primera instancia en materia civil, familiar, mercantil y laboral y se está en vías de preparar secretarios y actuarios, de manera que se profesionalice la materia laboral como sucede con las otras materias de las que ya conoce la institución”.
En cuanto a la infraestructura, Morales Juárez puntualizó que el Consejo del Poder Judicial realiza actualmente un análisis de la estadística para proyectar el número y especialización de los juzgados que se establecerán en los 23 distritos judiciales del estado de Michoacán; y a la par, “se estudia la situación presupuestal, pues necesariamente se requerirá de una ampliación para esos fines”.
Además, afirmó que se está a la espera de conocer el acompañamiento que se tendrá de la federación, como lo fue con la materia oral penal que implicó recursos para invertir en la infraestructura requerida, tecnologías de información, capacitación de los diversos operadores y difusión, entre otras
