Por J. Jesús Lemus
El pasado 6 de febrero, los empleados del Diario Provincia, uno de los principales medios informativos de circulación estatal en Michoacán, fueron informados del cierre de actividades de ese periódico. Este no es el primer caso que se registra en la entidad; del 2015 a la fecha ya son cinco medios informativos de importancia los que han dejado de circular.
A causa de estos cierres y de otros medios menores, desde el 2015 a la fecha se estima que ya son más de 500 los periodistas que han quedado en el desempleo en Michoacán, en donde sumado a la consecuente crisis laboral para el gremio, se está generando una nueva zona de silencio que se suma a las que ya se registran en algunas regiones de los estados de Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Guerrero, Nayarit y Sinaloa.
A diferencia de estos estados, en donde la violencia por parte de los grupos criminales es la principal causa que ha obligado al cierre de medios, en Michoacán es otra la razón que ha llevado al repliegue del periodismo: la precariedad económica y el desdén de los empresarios dueños de medios es la principal causa de la crisis aquí que vive el periodismo y su principal pilar, los periodistas.
Lo anterior fue expuesto por un panel de periodistas que en el marco de una jornada de análisis se llevó a cabo en la Universidad de Morelia, donde se revisó a fondo los retos y crisis del periodismo en Michoacán, en donde quedó en evidencia la principal razón por la que el periodismo en esta entidad no solo se encuentra empantanado, sino en riesgo de subsistencia.
La mesa integrada por los periodistas Raúl López Téllez, Guadalupe Martínez Ocampo, Álvaro García Pineda y Adid Jiménez Ontiveros, develó la realidad del modelo que ha llevado al periodismo michoacano –igual que sucede en otras partes del país- al estado de crisis en el que actualmente se encuentra: los dueños de medios viven opulentamente, mientras que los reporteros se sumen cada vez más en la pobreza.
Salarios de Hambre
Esa situación no obedece a otra cosa que a una falta de visión de los propios empresarios de los medios de comunicación, explicó la periodista Guadalupe Martínez, la que destacó no solo la precariedad económica, sino laboral, en la que se encuentran la mayoría de los periodistas en esta entidad, donde dijo “la mayoría de los reporteros a veces no ganan ni el salario mínimo profesional que establece la ley”.
De acuerdo a la comunicadora el 90 por ciento de las empresas periodísticas asentadas en Michoacán pagan a sus reporteros salarios por debajo de los que establece la ley, lo que en muchos casos significa que algunos reporteros logren “salarios de hambre” que no les garantizan siquiera la cobertura de sus gastos de operatividad.
A las condiciones de precariedad económica que tienen que enfrentar los reporteros en Michoacán se suman otros actos, que influyen para no realizar una labor periodística acorde a su ideal, en donde se destacó la presión de fuentes oficiales para la difusión o no de determinados eventos noticiosos que benefician a la cúpula gobernante.
Dueños Ricos, Reporteros Pobres
En este concierto también se distinguió la relación de los dueños de medios de comunicación con la cúpula de gobierno, donde a causa de los convenios de publicidad se empeña la línea editorial, que en la mayoría de los casos deja a los propios reporteros en un estado indefenso para llevar a cabo su labor informativa, pero eso sí, deja grandes utilidades económicas a los propietarios de las empresas informativas.
Ese modelo de negocios, donde la información y la línea editorial es moneda de cambio, entre los dueños de los medios y las cúpulas de gobierno estatal y municipal, ha llevado al periodismo de esta entidad al estado de falta de credibilidad en que el actualmente se encuentra y que evidentemente ya no se puede sostener, dijo el periodista Álvaro García Pineda.
Para este experimentado comunicador, el principal error de los dueños de los medios de comunicación es haber fincado la operatividad de sus medios en función de las necesidades de las cúpulas gobernantes y no en la obligación de informar a la población, lo que ha hecho que la mayoría de los medios dependas económicamente de las arcas públicas y no de sus ventas al lector.
Demandas al Por Mayor
A esa situación es a lo que se atribuyó el cierre de medios importantes que se han dado en Michoacán desde el 2015 a la fecha, periodo en el que han dejado de circular los periódicos Capital, La Jornada, La Opinión de Michoacán y Provincia, así como el portal informativo Caja de Noticias, que lanzaron a la calle del desempleo a decenas de comunicadores de calidad y experiencia.
La crisis en la que se encuentra el periodismo en Michoacán no solo se refleja en el cierre de medios que ha propiciado el recorte presupuestal para la difusión de programas oficiales de gobierno del estado y los municipios, sino en el cumulo de demandas laborales que periodistas han interpuesto ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA).
De acuerdo a datos obtenidos por ÁlternautaMx, cortesía de Zenzontle400; a la fecha en la JLCA existen al menos 106 demandas laborales de igual número de trabajadores que lo único que reclaman es el pago de salarios, los que inexplicablemente les fueron suspendidos por sus empresas, de no tener dinero para pagarles.
Solo el diario Cambio de Michoacán registra 27 demandas laborales acumuladas en los últimos 3 años, la Voz de Michoacán en ese mismo periodo registra 12 demandas de trabajadores, La Jornada cuenta con otras 18 reclamos de salarios y prestaciones no cumplidas, La Opinión de Michoacán ya tiene 26 demandas por despido injustificado y de reclamo de salarios y el Diario Provincia ya tiene acumuladas 23 demandas de trabajadores que exigen el pago de salarios de hasta seis quincenas.
Periodistas y Empleos Alternos
Dentro de la crisis que enmarca al periodismo michoacano existe otro dato que es alarmante, cada vez son más los reporteros que, ante la falta de salarios y prestaciones laborales dignas, tienen que buscar empleos alternos para poder subsistir económicamente, lo que conlleva a un demerito en el trabajo informativo al ser cada vez menos los periodistas dedicados al 100 por ciento de su tiempo a la labor informativa, según lo expuso el periodista Adid Jiménez Ontiveros.
Aun cuando sobre este tema no se dieron a conocer cifras estimadas de los periodistas que tienen que valerse de empleos alternativos, para alcanzar el punto de equilibrio económico que les permita la subsistencia, se presume que por lo menos tres de cada cinco reporteros que trabajan en Michoacán, tienen otras actividades económicas fuera del periodismo.
Esta situación no solo es agravante de la condición laboral que persiste en el periodismo, sino que contribuye en gran medida a incrementar las condiciones de riesgo de los periodistas, los que ante cualquier agravio de violencia ofrecen la posibilidad para que las investigaciones se alejen de su labor periodística, y se atribuyan al trabajo alternativo que ejercen.
En Michoacán, de acuerdo al Mecanismo Federa de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), del 2015 al enero del 2019, son 129 los periodistas que han sufrido algún tipo de agresión, pero las investigaciones que sobre estos casos ha hecho la hoy Fiscalía General de Justicia del Estado, solo en 14 casos la agresión se derivó de su labor periodística, en el resto a causa principal de los agravios se atribuye a situaciones personales y de otros empleos que los comunicadores ejercieron.
El Poder Público, Principal Enemigo del Periodismo
Desde el punto de vista de Raúl Lopez Téllez, uno de los decanos del periodismo en Michoacán, quien fustigó el modelo económico que los dueños de los medios de comunicación han sostenido durante décadas en detrimento de los propios reporteros, las principales agresiones a los periodistas en esta entidad, ya no provienen de las células criminales, sino que son agresiones promovidas directamente desde las oficinas de gobierno en cualquiera de sus tres niveles.
La violencia física, sumada a la violencia económica contra los periodistas, que se promueve desde el poder públicos, dijo López Téllez, es la principal razón por la que actualmente el periodismo en Michoacán se encuentra en grave crisis, de donde solo se podrá salir a partir de un cambio de modelo que abandone el esquema de dueños ricos y periodistas pobres.
Ya no se puede sostener, dijo, la forma exagerada de explotación de los reporteros, a los que no solo se les pagan salarios de hambre, sino que se les exigen cada vez más funciones, pues ahora, en Michoacán –igual que en muchas regiones del resto del país- un reportero no solo debe cumplir con la redacción de notas, sino que también toma fotografías, graba audio, toma video y hasta saca fotocopias de los soportes de la información, que se tienen que entregar a la mesa de redacción.
La Alternativa del Periodismo de Investigación
Pero a pesar de este panorama, de acuerdo a Álvaro García Pineda, aún estamos a tiempo de rescatar el periodismo en Michoacán. Y la forma de rescatarlo –dijo- es a través de volver al periodismo de investigación, que satisfaga plenamente las necesidades informativas del lector, para volver a estar de nueva cuenta en su ánimo y darle la confianza de que está leyendo una información bien trabajada.
Para García Pineda, pese a los altos índices de violencia que se registran en Michoacán, sí existen las condiciones para hacer periodismo de investigación, solo que se encentra limitado por el costo de este y por la falta de interés de los dueños de los medios, que prefieren mejor publicar los boletines de las actividades de los diversos funcionarios de gobiernos.
Hay que recordar que Michoacán, de acuerdo a las cifras oficiales de organización como Artículo 19 y Reporteros Sin Frontera, es uno de los cinco estados más peligroso del país para ejercer el periodismo, después de Veracruz, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas, donde los agresores principales son las células del crimen organizado.
Pero ahora Michoacán se alza como una de las entidades de mayor riesgo contra los comunicadores, a causa de la relación económica que mantienen los dueños de los medios de información con las esferas de gobierno, que apuntan a convertir a esta entidad en una de las principales zonas de silencio a nivel nacional.
