Beatriz Rojas / ÁlternautaMX
El Comité de Adquisiciones del Congreso del Estado no aprobará ningún gasto que no se le haya consultado previamente, aseveró la presidente de dicho comité, Yarabí Ávila González al advertir que hay decisiones que se están tomando desde la Junta de Coordinación Política, contrariamente a lo que establece la Ley Orgánica de Procedimientos del Congreso del Estado.
“Como presidenta del Comité de Administración no firmaré nada sin que la decisión haya tomado en cuenta al Comité de Administración y al secretario de Finanzas”, declaró en entrevista la diputada e informó que solicitó documentos a la secretaría de Finanzas que tienen que ver con la entrega de bases durante la Legislatura pasada, a la cual también perteneció, la suficiencia presupuestal para ello y las reglas en torno a las cuáles se eligió a los proveedores con los que se tienen adeudos, así como las condiciones de entrega de los servicios.
Asimismo, Ávila González aseguró que no se pagará a los proveedores con los que se tengan adeudos que no estén debidamente fundamentados en contratos que estén firmados y se apeguen a la norma, aunque concedió no saber a cuánto ascienden las dudas del Legislativo.
Ávila reiteró su desaprobación ante la forma en que, aseguró ha estado trabajando la Junta de Coordinación Política y declaró que no respaldará decisiones tomadas por otros y les envió un mensaje:
“Si las decisiones no se toman de manera consensada que se haga responsable quien tome las decisiones, mensaje para la Junta de Coordinación Política, la Secretaría de Finanzas y Administración y para todos los diputados que quieran intervenir en las decisiones que no les corresponden.”
Por otro lado, en torno al proyecto presupuestal para el Congreso del Estado, indicó que si bien el monto a ejercer podría no variar, sí se aplicarán algunas distribuciones como la reducción en la compra de botellas de agua y refrescos para poder incrementar el sueldo de los trabajadores de campo de la Auditoría Superior de Michoacán, que no han tenido ajustes salariales en seis años.