La Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) en el Congreso de Michoacán, Brenda Fraga Gutiérrez, presentó ante el pleno del legislativo propuestas de reforma a la Ley de Pensiones Civiles del Estado; el objetivo, que la dependencia genere certeza y seguridad jurídica a sus cotizantes.
En primer lugar, dicha iniciativa de reforma propone que la designación del director de la dependencia se haga a través de una convocatoria pública emitida por el Congreso de Michoacán a fin de garantizar imparcialidad, independencia y calidad moral para cumplir con las atribuciones establecidas en la ley.
“Considero que la inestabilidad financiera de la Dirección de Pensiones Civiles del Estado, en parte es atribuible a las atribuciones y decisiones del Presidente de la Junta y del Director de la institución, razón por la cual propongo que la designación del Director sea mediante convocatoria pública y a través de una terna que se presente al pleno”, dijo la legisladora en su razonamiento.
Agregó que actualmente diversos organismos descentralizados ya cuentan con una asignación similar, tal es el caso de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos o la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que dejaron de ser una atribución del Ejecutivo por convenir a un estado Democrático y que ahora es el caso de Pensiones Civiles del Estado.
La propuesta también pretende que los trabajadores que allí cotizan puedan liquidar su préstamos hipotecarios de manera anticipada, ya que las condiciones de la ley actual obligan al trabajador a conservar por lo menos 7 años este tipo de préstamos, sin posibilidad de dar un adelanto.
Otra de las reformas a la ley presentadas por Fraga Gutiérrez es que se otorgue el monto total de las aportaciones de los trabajadores después de ser dado de baja de la institución para la que laboró aún y cuando exista un conflicto laboral de por medio.
“Es un problema común que la dependencia se niegue a entregar el monto de las aportaciones, toda vez que para ello el trabajador requiere una constancia de baja, la cual es negada en donde existe un conflicto laboral, situación que no debe ser motivo para violentar el derecho al cotizante a recibir un recurso que es suyo y que por años ha ahorrado”, concluyó la diputada.
