Beatriz Rojas / AlternautaMX
Tanto en comparación con otros países como de manera particular, México mostró bajos índices en Estado de derecho. Es decir, en la manera en que se aplican las normas, la ausencia de corrupción y la aplicación de justicia, desde la perspectiva de sus propios ciudadanos, especialistas en la materia y los índices oficiales, nuestro país no queda muy bien parado.
El equipo de investigación del World Justice Project (WJP) elabora año con año el Índice de Estado de Derecho, en donde a partir de ocho factores que considera que componen el Estado de Derecho, analiza la perspectiva de los habitantes de más de cien países. Este año por primera vez, este grupo de trabajo emprendió un estudio enfocado únicamente en nuestro país y sus entidades, el Índice de Estado de Derecho en México 2018.
A nivel mundial, México ocupó el puesto 92 de 113 países analizados, bajando cuatro posiciones con respecto al año anterior, mientras que en el ámbito nacional, el promedio general del país tomando en cuenta todos los reactivos fue de .39, de una calificación máxima de un punto. Además, el 52 por ciento de las personas encuestadas admitió no saber lo que es un Estado de derecho.
El WJP define al Estado de Derecho como “un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades están sujetas al cumplimiento de la ley, la cual es respetuosa de los derechos humanos y se aplica de forma equitativa, justa, y eficiente” y señala que es indispensable para lograr el desarrollo sostenible y la paz.
Para esta asociación, “Un Estado de derecho efectivo reduce la corrupción, protege a las personas de injusticias, y combate la pobreza”. El estudio establece además que: “cuando el Estado de Derecho es débil, no hay suficientes medicinas en las clínicas, la violencia y la delincuencia no se pueden controlar, la ley se aplica de forma injusta, y no hay inversiones extranjeras.”
En nuestro continente, los países del Norte son los que obtuvieron una mayor puntuación en Estado de Derecho, mientras que Venezuela fue el peor calificado de todo el estudio. Mientras que a nivel local, el estado mejor calificado fue Yucatán, ya que obtuvo .45, mientras que Guerrero quedó en última posición con .29 y Michoacán se sitúa en el puesto número 13 con .40, apenas arriba del promedio nacional de .39.
A nivel general, podría decirse que Michoacán se encuentra en un puesto intermedio, ya que de ocho factores evaluados, se encontró arriba de la media en tres ocasiones, por debajo de ella en dos y en el promedio en dos.
Los ocho factores:
El rubro “límites al poder gubernamental” se refiere a si los gobiernos locales, el Poder Legislativo, los órganos electorales y de fiscalización e incluso la prensa y la sociedad civil representan un contrapeso importante ante el poder gubernamental. Nuestro estado estuvo por debajo de la media de .39 en esta categoría en el escaño 23 con un .40. El primer lugar lo obtuvo Nuevo León, con .48 y el último Guerrero, con .28.
Al medir la ausencia de corrupción, se tomaron en cuenta los tres niveles de gobierno y los tres poderes, así como a las instancias encargadas de la procuración de justicia. En este caso Querétaro se llevó el lugar más alto, con .42 y la Ciudad de México el último, con .27. Michoacán quedó en el lugar 18, igualando el promedio nacional de .35. Cabe señalar que a nivel nacional este fue el factor peor calificado de manera general.
En el rubro de gobierno abierto se invirtieron los papeles, pues el primer lugar lo obtuvo la Ciudad de México y el último Querétaro, mientras que Michoacán quedó en el puesto 10, superando con un total de .41 puntos la media nacional de .38. Se entiende como gobierno abierto como aquel que “comparte información, empodera a las personas para que exijan rendición de cuentas, y fomenta la participación ciudadana en la toma de decisiones”.
En lo que respecta a Derechos Fundamentales, se analizaron los que son reconocidos universalmente. Es decir, a no ser discriminado, a la vida y la seguridad, al debido proceso legal, a la libertad de expresión, libertad religiosa, privacidad, asociación y derechos laborales. La evaluación posicionó a Aguascalientes en primer lugar, con un puntaje de .56 y a Guerrero en el último con .35. Michoacán se ubica en el 16, justo en el promedio nacional de .49.
En materia de orden y seguridad se tomó en cuenta el número de homicidios, la presencia de crimen y la percepción general. Aquí nuevamente Yucatán alcanza el primer puesto y una vez más Guerrero es el último, nuestro estado queda en el lugar 16, sólo un poco por debajo del promedio nacional.
Cabe señalar que cada uno de los factores se divide en subfactores y de éstos el peor evaluado para los michoacanos fue “ausencia de homicidios” aunque irónicamente el mejor evaluado fue “ausencia de crimen”. El que ambos sub factores formaran parte de una misma categoría, llevó a que al obtener el promedio este estado no quedara en un puesto tan bajo en materia de seguridad.
Baja California queda en primer lugar en cumplimiento regulatorio y Sonora en último, Michoacán queda en el puesto 23, debajo de la media. Este rubro se refiere a cómo se aplican y se hacen cumplir las normas, particularmente en materia de salud, trabajo, protección al medio ambiente y actividad comercial.
Finalmente, tanto en justicia civil como en penal Guerrero queda en último lugar. En justicia civil el mejor evaluado es Baja California y Michoacán queda en el lugar 10, mientras que en justicia penal Querétaro queda en primer lugar y Michoacán en el puesto 11. En ambos casos, por encima de la media nacional.
El WJP señala que este estudio se nutrió con los resultados de 25 mil 600 encuestas aplicadas a la población en general y mil 500 a expertos, así como con bases de datos tanto oficiales como particulares.
