5 de noviembre del 2026.- La Presidenta señaló que el esquema tiene antecedentes desde 1999 y cuestionó los vínculos de empresarios, exfuncionarios electorales y figuras relacionadas con el partido Somos México. Raquel Buenrostro expuso la trayectoria de los hermanos Hernández Casillas y las empresas que habrían obtenido contratos millonarios.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó durante su conferencia matutina una investigación del Gobierno federal sobre una presunta red de empresas vinculadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, señaladas por obtener contratos relacionados con materiales y servicios electorales por más de 2 mil 740 millones de pesos entre 2015 y 2025.
Durante su exposición, la mandataria cuestionó que se intentara colocar el foco de la controversia sobre Guadalupe Taddei, actual consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), y sostuvo que los antecedentes del esquema se remontan a administraciones y nombramientos anteriores dentro de las instituciones electorales.
Sheinbaum señaló que el origen de la estructura debe analizarse a partir de las relaciones entre antiguos funcionarios públicos, empresarios y personas que posteriormente participaron en organismos electorales, particularmente durante el periodo en que Lorenzo Córdova encabezó el INE, de 2014 a 2023.
De acuerdo con la exposición de Raquel Buenrostro, los hermanos Hernández Casillas tuvieron sus primeros vínculos con la administración pública durante la década de 1980, cuando trabajaron en dependencias de la Secretaría de Gobernación y posteriormente en el entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).
La funcionaria identificó a Juan Carlos Padilla Aguilar como una figura relevante en esta trayectoria, pues habría sido superior jerárquico de José Alfredo Hernández Casillas en el Registro Nacional de Población y posteriormente en el CISEN.
Más adelante, Padilla Aguilar ocupó cargos en el Gobierno del Estado de México y, años después, participó en actividades del Frente Cívico Nacional, organización relacionada con el surgimiento de Somos México.
La investigación identificó seis empresas vinculadas con los hermanos: Formas Finas y Materiales, Cajas Graf, Seriplast de México, Comercializadora JVLY, Corporativo ZEG y Formas Finas Fernando Fernández.
Según los datos presentados por Buenrostro, estas compañías habrían utilizado mecanismos para simular competencia en licitaciones públicas, mediante la participación de distintas empresas relacionadas entre sí, con propuestas que presuntamente permitían favorecer a una de ellas en la adjudicación de los contratos.
Entre 2015 y 2023, 23 de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) contrataron servicios con empresas de este grupo por aproximadamente 2 mil 94 millones de pesos. Para 2024 y 2025 se identificaron otros 646.3 millones de pesos en contratos con 15 organismos electorales estatales.
La Secretaría Anticorrupción precisó que las cifras corresponden a la información localizada hasta el momento y que las revisiones podrían ampliarse.
Uno de los puntos más relevantes de la conferencia fue el señalamiento de la Presidenta sobre las relaciones políticas de Juan Carlos Padilla Aguilar y su participación en Somos México, organización encabezada por Guadalupe Acosta Naranjo.
Sheinbaum también mencionó a Lorenzo Córdova, expresidente del INE; Marco Antonio Baños Martínez y Edmundo Jacobo Molina, por su participación en distintas estructuras de esa organización política.
La mandataria cuestionó que se atribuyera el origen de las presuntas irregularidades a la actual administración del INE, encabezada por Guadalupe Taddei, y recordó que fue el Consejo General del instituto, durante el periodo de Lorenzo Córdova, el que tuvo la facultad de designar a los consejeros de los organismos electorales locales.
En ese contexto, señaló que Taddei llegó a la presidencia del organismo electoral de Sonora mediante una designación del Consejo General del INE en 2014, antes de asumir la presidencia nacional del instituto.
La Presidenta sostuvo que los antecedentes de las contrataciones deben revisarse desde el origen de las relaciones entre funcionarios, proveedores y autoridades electorales, y no limitar el análisis a una sola persona o administración.
Sheinbaum aclaró que sus señalamientos no representan una defensa de Guadalupe Taddei y sostuvo que cualquier persona que haya participado en actos ilegales debe responder ante las autoridades correspondientes.
«Esta mafia electoral no surgió con Taddei. Nadie la defiende; si realizó un acto ilegal tiene que verlo la Auditoría Superior y la Fiscalía, de ella y de quien haya participado en la estructura del INE, pero no nació ahí», expresó.
La mandataria planteó que corresponde a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y a la Fiscalía General de la República (FGR) revisar las posibles irregularidades y determinar si existen responsabilidades administrativas o penales.
La investigación presentada por Buenrostro coloca bajo revisión un esquema de contrataciones que habría operado durante casi tres décadas y que involucra a empresas proveedoras de materiales electorales, organismos locales y personajes que posteriormente participaron en organizaciones políticas.
El Gobierno federal sostuvo que el propósito es esclarecer cómo se construyó esta estructura, quiénes se beneficiaron de las contrataciones y qué responsabilidades podrían derivarse de los hechos documentados.
