Por Alejandro Castañeda
El reconocimiento legal de las sociedades cooperativas en la Ley de Desarrollo Económico de Michoacán representa un avance importante, pero su verdadero alcance dependerá de la voluntad política y de las decisiones presupuestales que acompañen esa reforma. Porque una ley, por sí misma, no crea empleos, no fortalece unidades productivas ni mejora las condiciones de vida de las comunidades. Para que sus disposiciones se conviertan en una realidad, se necesitan programas, recursos públicos y mecanismos que permitan llevarlas a la práctica.
La discusión del Presupuesto de Egresos de Michoacán para 2027 ofrecerá una oportunidad para demostrar si el cooperativismo será considerado una alternativa real de desarrollo económico o si su reconocimiento quedará limitado al terreno del discurso.
La reforma, aprobada en marzo pasado en el Congreso del Estado, incorpora a las sociedades cooperativas dentro de las actividades que deben ser promovidas por la política económica estatal. Entre las atribuciones previstas para la Secretaría de Desarrollo Económico se encuentran impulsar su creación y consolidación, ofrecer asesoría, facilitar el acceso al financiamiento y promover mecanismos de apoyo para sus proyectos productivos. Además, el artículo 40 establece una referencia particularmente relevante: la promoción de recursos financieros mediante partidas presupuestales específicas para el desarrollo económico y el financiamiento de proyectos viables, principalmente de micro, pequeñas y medianas empresas y cooperativas.
No se trata de solicitar recursos públicos por una consideración asistencialista ni de reclamar privilegios para un sector. Se trata de reconocer que las cooperativas tienen características económicas y sociales que justifican una política de fomento diferenciada. Son organizaciones en las que sus integrantes pueden participar democráticamente en las decisiones, compartir responsabilidades y distribuir los beneficios de la actividad productiva conforme a sus principios y reglas.
En un estado con profundas desigualdades territoriales, altos niveles de informalidad y numerosas unidades económicas que enfrentan dificultades para acceder al crédito, la capacitación y los mercados, el cooperativismo puede contribuir a construir alternativas de producción, consumo, comercialización y servicios. Su potencial no reside únicamente en generar ingresos, sino también en fortalecer la organización comunitaria y ampliar la participación de las personas en la vida económica.
Michoacán cuenta con experiencias cooperativas vinculadas con la producción agroalimentaria, la artesanía, el comercio, los servicios y otras actividades que forman parte de la economía regional. Sin embargo, muchas de estas organizaciones enfrentan obstáculos para consolidarse: insuficiente capital de trabajo, dificultades para incorporar tecnología, limitada capacidad de comercialización y barreras para cumplir requisitos administrativos o acceder a financiamiento.
Por eso, el Presupuesto de Egresos de 2027 debería contemplar una partida específica para el fomento y fortalecimiento de las sociedades cooperativas. Esta asignación podría respaldar la constitución y regularización de organizaciones, la capacitación administrativa y técnica, la innovación productiva, el acceso a mercados, la comercialización colectiva y los mecanismos de financiamiento adecuados a sus características.
El debate de fondo es qué modelo de desarrollo quiere impulsar Michoacán. Uno que concentre sus esfuerzos exclusivamente en atraer inversiones y fortalecer empresas convencionales, o uno que también reconozca la capacidad de las personas para organizarse colectivamente, producir, comercializar y generar bienestar mediante estructuras económicas democráticas.
No son caminos necesariamente incompatibles. Pero una política de desarrollo verdaderamente incluyente debe abrir espacio a distintas formas de organización económica y asegurar que las oportunidades no dependan únicamente del capital disponible o de la capacidad individual para competir en el mercado.
El cooperativismo no resolverá por sí solo los problemas económicos de Michoacán. Sin embargo, puede formar parte de una estrategia más amplia para fortalecer las economías locales, generar trabajo digno y distribuir de manera más equitativa las oportunidades de desarrollo.
La reforma legal ya abrió una puerta. Ahora corresponde a las autoridades demostrar que ese reconocimiento tiene consecuencias prácticas.
En 2027, el presupuesto será la prueba de congruencia entre lo que la ley reconoce y lo que el gobierno está dispuesto a hacer. Porque para fortalecer el cooperativismo no basta con nombrarlo en la legislación: hay que darle instrumentos, acompañamiento y recursos para que pueda crecer.
