17 de julio del 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la investigación que derivó en la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por su presunta participación en una red de contrabando de combustible, responde a una indagatoria de más de un año y no a motivaciones políticas.
Durante la conferencia matutina realizada este viernes en Tulum, la mandataria afirmó que corresponde al Poder Judicial determinar la responsabilidad del exmandatario panista con base en las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR).
“Es falso que haya un asunto político. Es una investigación que se realizó durante un año y que está sustentada en pruebas”, sostuvo.
De acuerdo con la información presentada por el Gabinete de Seguridad, la empresa Ingemar, vinculada a Ernesto Ruffo Appel, habría introducido de manera ilegal a México más de nueve millones de litros de gasolina durante 2025, como parte de una de las redes de contrabando de hidrocarburos más importantes detectadas en los últimos años.
La compañía ha sido relacionada con diversos aseguramientos de combustible realizados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en distintos puertos del país.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, recordó que en julio de 2025 fue realizado un megadecomiso de 129 carrotanques con más de 15 millones de litros de combustible, mientras que las investigaciones atribuyen directamente a Ingemar el contrabando de alrededor de nueve millones de litros.
Los registros públicos indican que Ingemar fue constituida el 9 de agosto de 2018 por José Merino Valdez Cuervo y Ricardo Thompson Navarro, inicialmente dedicada a actividades como relaciones públicas y construcción.
Sin embargo, en 2019 obtuvo permisos para ingresar al mercado de hidrocarburos y recibió autorización para importar 500 millones de litros de gasolina, pese a que empresarios del sector advirtieron que la empresa no contaba con experiencia ni infraestructura para operar en ese ramo.
Aun con esas observaciones, el permiso fue renovado por las autoridades federales en 2024.
Posteriormente, el 18 de mayo de 2021, Ernesto Ruffo Appel ingresó formalmente como uno de los principales accionistas de la empresa, tras una asamblea en la que se incrementó el capital social de Ingemar.
La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, explicó que las investigaciones permitieron identificar una estructura integrada por empresas, agencias aduanales y transportistas que operaban mediante la subdeclaración o el ocultamiento de combustible importado para evitar el pago de impuestos.
Las labores de inteligencia incluyeron verificación de domicilios en diversas entidades y permitieron identificar 25 objetivos, entre ellos socios de las empresas involucradas.
García Harfuch señaló que ya se cumplimentaron varias órdenes de aprehensión, aunque aún existen más personas bajo investigación.
La presidenta sostuvo que, si Ernesto Ruffo demuestra durante el proceso judicial que no tuvo participación en los hechos, serán los jueces quienes lo determinen conforme a derecho.
“El juez determina si hay suficientes elementos para una orden de aprehensión y posteriormente resolverá, con base en las pruebas y los argumentos de la defensa, qué acciones deben tomarse. Así funciona el sistema penal acusatorio”, explicó.
Asimismo, rechazó las versiones de la dirigencia nacional del PAN que calificaron el caso como un distractor político.
“Nada que ver. Son investigaciones que realiza el Gabinete de Seguridad junto con la Fiscalía. Lo importante es que existe una investigación con fundamento jurídico y con pruebas; independientemente de que se trate de un funcionario o un exfuncionario, la ley debe aplicarse de manera imparcial”, concluyó.
