21 de mayo del 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció el envío al Congreso de una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para crear una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, dependiente del Instituto Nacional Electoral (INE), con el objetivo de impedir que personas con posibles vínculos con la delincuencia organizada puedan competir por cargos públicos en las elecciones de 2027.
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que la propuesta busca establecer un mecanismo preventivo para que los partidos políticos conozcan si alguno de sus aspirantes representa un “riesgo razonable” por presuntos nexos con grupos criminales.
“Tiene que ver con evitar que haya algún candidato o candidata de cualquier partido político que tuviera algún riesgo de vínculo con la delincuencia organizada. Es algo que se ha estado trabajando y ayer tomamos la decisión de enviarla de una vez para que pueda considerarse rumbo al proceso electoral de 2027”, declaró.
La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, detalló que la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas estaría integrada por cinco consejeros electorales designados por el Consejo General del INE para un periodo de tres años.
Explicó que la comisión funcionaría como un enlace entre los partidos políticos y las instituciones de seguridad, inteligencia y procuración de justicia del Estado mexicano. Bajo este esquema, los partidos entregarían voluntariamente la lista de sus aspirantes a candidaturas para que la comisión consulte información con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Fiscalía General de la República (FGR).
Con base en esa revisión, las autoridades determinarían si “no existe riesgo” o si “existe riesgo razonable” relacionado con posibles vínculos criminales. Posteriormente, la comisión informaría a los partidos políticos sobre la existencia de alertas o señalamientos, aunque la decisión final sobre registrar o no una candidatura recaería en cada fuerza política.
La Presidencia subrayó que, en caso de encontrarse información relevante, las instituciones de seguridad y procuración de justicia continuarían con las investigaciones correspondientes conforme a sus facultades legales.
Además, la iniciativa contempla que cualquier persona que aspire a una candidatura deberá manifestar expresamente su consentimiento para ser evaluada por la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas como requisito obligatorio para participar en el proceso interno de selección.
Sheinbaum aseguró que el procedimiento se desarrollará bajo criterios de confidencialidad y respeto al debido proceso, además de mantener intacto el principio constitucional de presunción de inocencia.
El anuncio ocurre en medio del debate nacional sobre la posible infiltración del crimen organizado en procesos electorales y estructuras políticas locales, tema que ha generado preocupación rumbo a las elecciones intermedias de 2027.
La mandataria sostuvo que el propósito de la reforma es fortalecer la integridad de las candidaturas y evitar que personas ligadas a actividades ilícitas puedan acceder a cargos públicos mediante partidos políticos.
