La Violencia Política en Razón de Género representa el 25 por ciento de los asuntos que se presentan en la Defensoría Pública del Electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación expuso la Titular, Martha Marina López Santiago, durante la ponencia “El Acceso a la Justicia en Materia Electoral para Poblaciones Históricamente Discriminadas”.
Yolanda Camacho Ochoa, Magistrada Presidenta Suplente del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) le dio la bienvenida y la presentó como mujer indígena Tzotzil quien estudió Licenciatura y Maestría en Derecho en la Universidad Autónoma de Chiapas, Doctora en Derecho por la Universidad Vasconcelos de San Cristóbal de las Casas.
La ponente invitada por el TEEM inició con la identificación de los retos para garantizar el acceso a la justicia como personas defensoras de los derechos humanos y específicamente de los derechos electorales; y planteó que sí todas las personas tenemos derecho a votar y ser votadas, ante una afectación de los derechos electorales, todas y todos tienen también derecho para exigir los mecanismos de investigación, sanción y reparación de los hechos, para que todas las personas tengan derecho a la justicia.
Enfatizó en que todas las instituciones que dan servicio en la materia, tienen el deber de actuar atendiendo al derecho a la igualdad y no discriminación, dejando de lado las diferencias entre personas, grupos y colectivos, si es indígena, o adulta mayor, se debe atender la especificidad de cada grupo.
En el marco del Día del Defensor Público de Michoacán que se celebró el pasado día 5 de marzo con la presencia de Elvia Higuera Pérez, subsecretaria de Derechos Humanos y Población con la representación del Gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla; Martha Marina López y la Magistrada Alma Bahena Villalobos enfatizó en que los puntos de partida para la defensa de los Derechos Políticos Electorales radica en poner a las personas en el centro y brindar los servicios que contribuyan al acceso a la justicia.
Dijo que la Defensa Electoral precisa flexibilizar en los procesos, ya que en muchas ocasiones las personas no identifican que los agravian o violentan; que se debe aplicar un enfoque diferencial para ciertos actores con medidas que hagan posible acceso a sus derechos como ampliar los tiempos de impugnación por condiciones de distancia, de servicio de internet o de problemas de comunicación telefónica.
Recordó que en el 2016 inició el trabajo de la Defensoría Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas y como actualmente ya hay seis Defensorías en Materia Electoral: en Michoacán, Tabasco, Ciudad de México, Chihuahua, Chiapas y Quintana Roo; y por lo tanto 25 entidades de México dan ese acceso a la Justicia.
Informó que desde el primer día de este año inició el trabajo de la Defensoría Federal, el cual seguirá atendiendo a comunidades indígenas y equiparadas, mujeres en caso de Violencia Política en Razón de Género, personas discapacitadas, afromexicanas, niñas, niños y adolescentes, juventudes, personas adultas mayores y de diversidad de género.
En cuanto a los servicios recordó que incrementaron la cantidad, ya no solo dan defensa y asesoría electoral y sí representación jurídica, ante las salas del Tribunal Electoral y la Toma del Mandato Judicial frente a cualquier sala del Tribunal Electoral.
Recordó el caso de Rosa Pérez Pérez, quien fue elegida como presidenta municipal de Chenalhó, Chiapas y fue obligada a renunciar al cargo en el 2016, y la forma en la que se logró presentar la denuncia basándose en el Protocolo de Violencia Política en Razón de Género para pedir que la restituyeran en el cargo, se hiciera el análisis de riesgo y que se emitieran medidas de protección, ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya que no había un marco jurídico.
Dijo que el 25 por ciento del trabajo que se atiende en la Defensoría es VPG de regidoras, sindicas, presidentas y diputadas, las cuales se atienden no solo por partidos políticos, sino por sistemas normativos propios, en donde a las mujeres se les violenta de forma sistemática y citó como ejemplo el caso de una Regidora de Oaxaca que al ser regidora de limpieza le dieron las llaves del carro y le dijeron “tú vas a recoger la basura del municipio”, no se le convoca a sesiones de Cabildo y no se le permite acceso a las Comisiones.
En la sesión Moderada por Hernán de Jesús Hernández, Titular de Defensoría Jurídica Martha Marina López Santiago explicó que para garantizar justicia en estas situaciones inicia un JDC que garantice la participación efectiva y el PES para pedir medidas cautelares inmediatas en favor de la persona solicitante.
En la ponencia estuvieron presentes Felipe Morales Correa, Director de la Defensoría Pública del Estado de Michoacán; Rolando Joel Alvarado Prieto, Subdirector de Investigación y Capacitación, de la Defensoría Pública del Estado de Michoacán,
Francisco Javier Ac Ordóñez, Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, Erendira Isauro Hernández, Diputada Local, Alejandro Villave, Secretario Ejecutivo de Transparencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y José Eduardo Díaz Antón, Comisionado Político Nacional de Asuntos Electorales del Partido del Trabajo (PT), además de unas 100 personas que se dieron cita a la sesión de Zoom.
La titular de la Defensoría Pública Electoral TEPJF recordó que no se exige a las personas que requieran Defensa llegar con un escrito, que los servicios son gratuitos y que tienen dos oficinas en la Ciudad de México con el teléfono de contacto 800 008 37 53 / WhatsApp 55 14 51 25 75. defensoria@te.gob.mx
Yolanda Camacho Ochoa Alma Bahena. Magistrada Electoral.
