En esta opinión invitada, el delegado regional de la Policía Federal Ministerial en la Ciudad de México analiza el problema del robo de hidrocarburos en el país, que a últimas fechas ha dado de qué hablar tras la aplicación de la estrategia federal.
Por José Alzati Cambrón
Fue hace diez años cuando escuché por primera ocasión la palabra huachicol.
En ese entonces me desempeñaba como responsable de la Policía Federal Ministerial en el estado de Tamaulipas. Me comentaron sobre el gran número de averiguaciones previas, pendientes de cumplimentar.
Quise saberlo de voz propia, de alguien que conociera el tema, me explicaron con exactitud cómo se extrae el hidrocarburo robado de los ductos a cargo de Petróleos Mexicanos (Pemex) y para qué lo utilizaban.
Mi interés por el tema me llevó a organizar, junto con el Ejército mexicano y la Agencia Federal de Investigación (AFI), un importante plan de trabajo a fin de abatir el gran número de averiguaciones previas registradas por este delito, situación que consideraba fácil de combatir.
En la ciudad de Reynosa recorrimos la Cuenca de Burgos en dónde tienen un Hospital Regional de Pemex y la colonia denominada Petrolera, muchos de sus habitantes que laboraron o laboran en la empresa mexicana, los reynosenses me recibieron de manera cálida y franca, platicando con algunos de ellos recordaban con añoranza los años de bonanza de la industria petrolera.
Había trabajo para todos, se movía mucho dinero y la gran mayoría de los jóvenes deseaban convertirse en ingenieros para entrar a laborar en Pemex, sus tecnológicos y universidades ofrecen carreras acordes a la industria petrolera.
Recuerdo el relato de un señor ya entrado en años, dueño de un restaurante. Reynosa se convirtió en una megalópolis que concentró a importantes empresas dedicadas a la industria energética procedentes de Colombia, Venezuela y Brasil, situación que trajo bienestar a la zona ya que la plusvalía de las viviendas se elevó, así como la llegada de trabajadores petroleros y la construcción de unidades habitacionales, restaurantes, centros comerciales y de negocios.
Así que decidimos para hacer frente a este flagelo y a otros delitos del fuero federal que se registraban en Tamaulipas, el Ejército mexicano y Policía Federal Ministerial, conjuntamos esfuerzos para organizar y aplicar un importante plan de acción.
El Ejército se encargaba de poner a disposición de la autoridad a una persona relacionada con la extracción ilegal de energéticos o denunciaba la presencia de personas succionando los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Por su parte, la entonces AFI, instancia de la Procuraduría General de la República, realizaba las pesquisas tras la denuncia presentada, por lo que sus elementos eran los primeros en llegar al lugar de los hechos.
Los agentes de la AFI aseguraban que antes de arribar a la zona donde un ducto ya se encontraba perforado, grupos de “halcones” alertaban a los presuntos huachicoleros sobre su presencia, por lo que la situación era sumamente delicada.
Hubo ocasiones que el número de personas que perforaban los ductos sobrepasaba a los de las dependencias de seguridad, muchas veces fuimos en operativo juntos, pero al notar nuestra presencia decidían escapar para no ser detenidos.
Para hacer frente al huachicoleo en Tamaulipas, dichas instancias oficiales solicitamos información a Pemex para detectar a los grupos que controlaban el robo de combustible, su modus operandi como las zonas más vulnerables, cómo se realizaba la alteración de las válvulas, intensidad de la extracción, si contaban con un sistema de circuito cerrado para monitorear los ductos o cómo se percataban de que un ducto era violado. En pocas palabras, nuestra investigación era muy completa, seguros que lograríamos resultados positivos.
Como era de pensar, la respuesta a nuestros oficios de información eran tergiversados y los empleados de Pemex nos ponían muchas trabas para poder ingresar a sus instalaciones. Cuando podíamos hacerlo, nos mostraban lugares que no los comprometían. En fin: los trabajadores de las plantas petroleras se conducían como amos y señores.
También nos enteramos que exingenieros de la empresa se dedicaban al robo hormiga de hidrocarburo en zonas alejadas y sin afectar a la población.
Pero de repente el modus operandi cambió y del robo hormiga se pasó a apoderarse de una paraestatal (hoy empresa productiva del Estado). Esta misma situación aplica el crimen organizado al controlar instancias gubernamentales, políticos, funcionarios públicos, empresarios o negocios. Cómo lo vivimos en algún tiempo en muchos lugares de la República Mexicana.
Después, ya no se escondieron, sino que lo hicieron de forma abierta y descarada. Los habitantes de comunidades cercanas a los ductos fueron amenazados u obligados a participar en el huachicoleo, y los que se negaron pagaron con sus vidas, el secuestro de ingenieros obligados a trabajar en la extracción del combustible.
En mi experiencia de 20 años como abogado y policía al servicio de México, sé como se maneja el robo de hidrocarburos. Un sinnúmero de trabajadores de Pemex, la mayoría en complicidad, transportan el producto que al llevar a la refinería alteran la cantidad, sin la necesidad de “picar” un ducto.
Asimismo, el sistema de monitoreo fue vulnerado o corrompido, tal vez a la fuerza o presión del crimen organizado, pero nadie se atrevió a denunciar. Las cámaras de video vigilancia en muchos lugares y en tiempo real pueden mostrar una extracción ilegal, pero no se actúa.
Para extraer u ordeñar un ducto se necesita de una persona capacitada. No cualquiera lo puede hacer. Esto no es trabajo para un fontanero o un herrero o de simplemente introducir un tubo al ducto. Se requiere de un ingeniero especializado en excavaciones, perforaciones o pozos profundos, etc.
Los que saben del tema enfatizan la habilidad que se necesita para utilizar las llamadas tomas gemelas, las cuales se deben emplear de manera precisa para hacer algo idéntico, en este caso extraer la gasolina, por lo que la experiencia de un profesional se requiere.
De igual manera, la persona que perfora un ducto debe conocer la topografía de la zona y saber el lugar exacto para hacerlo. En este sentido, tendrá que perforar el metal con herramientas, aditamentos y vestimenta especial y tener la experiencia necesaria para saber cuándo bajar la intensidad del combustible.
Esta actividad clandestina y al amparo de la ley ocasiona desgracias como la ocurrida recientemente en el poblado hidalguense de Tlahuelilpan, donde 91 lugareños perdieron la vida y 52 resultaron heridos gravemente tras la detonación en un ducto que fue perforado. La irresponsabilidad, pobreza, negligencia, inconsciencia y allegarse productos a través de maneras fáciles traen consigo este tipo de acontecimientos terribles.
Para muchos resultará crudo lo que pienso, pero estas víctimas que celebraran llevándose la gasolina en recipientes. Sin embargo, para el gobierno federal siempre fueron prioridad las víctimas, así va a ser siempre.
Como persona de leyes y policía, tengo una responsabilidad que cumplir con mi país. Siempre me he conducido con ética y soy institucional. En los 20 años de carrera profesional en las áreas de inteligencia he apoyado a todos los presidentes de la República, procedentes de las diversas corrientes políticas, como fueron los casos de Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y ahora, Andrés Manuel López Obrador, para combatir los delitos que más lastiman a los mexicanos, y lo seguiré haciendo.
La estrategia implementada por el actual gobierno federal en contra del robo de combustible para muchos no es la más adecuada. En mi humilde opinión, se trata de un verdadero golpe maestro que se debió emprender desde hace sexenios.
Comparto la decisión de que Ejército y Marina-Armada de México se hicieran cargo de la operación de las maquinarias de bombeo que recorren miles de kilómetros de extensión en el país, pero que resultan imposibles de vigilar. Es ahí donde la impunidad y la ilegalidad hacen de las suyas para fomentar la práctica del huachicol, pero a través de estas líneas exhorto a la comunidad a denunciar, a no quedarse callada cuando se presenten este tipo de prácticas que tanto cuestan a la economía nacional. Es necesario como mexicanos fomentar la cultura de la denuncia, porque a través de ella la autoridad judicial puede actuar de manera más efectiva.
Reafirmo mi convicción, como patriota, policía y abogado, de respaldar esta acción de gobierno en contra del robo de hidrocarburo y cualquiera que afecte al Estado de derecho, la paz y la armonía social, porque debemos recordar que el hurto de más del 80 por ciento de energéticos a nivel nacional se efectúa por medio de la complicidad de los trabajadores de Petróleos Mexicanos con el crimen organizado (tal vez amenazados).
Como mexicanos demandamos al gobierno respuestas inmediatas a problemas añejos.
La solución más fácil y sencilla sería meter al culpable a la cárcel y con ello se acabaría el problema. Pero recordemos que vivimos en un Estado de derecho, en el que cada uno de nosotros nos debemos sujetar a lo que dicten las leyes y códigos que norman nuestro actuar en sociedad.
Con el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, la figura del policía federal de investigación se convierte en un personaje clave para esclarecer los hechos, ya que es el responsable de recabar todos los datos de prueba que se requieran de acuerdo con el tipo penal que se investiga, para que en su momento, la Fiscalía o Procuraduría en turno pueda solicitar la vinculación a proceso de una persona, la acusación, debatir una sentencia y reparación del daño causado.
Cada agente ministerial está capacitado para integrar equipos de investigación, al igual que la metodología a seguir para planear las acciones que se requieran materializar en el marco de cada investigación penal, al igual que los documentos que se elaborarán para llevar el registro de las actuaciones de los agentes durante todo el proceso de la pesquisa, respetando siempre los derechos humanos de los presuntos responsables.
A través de la cultura de la denuncia las diferentes corporaciones encargadas de la investigación de los delitos, entre ellas la Policía Federal Ministerial, podrán desempeñar un trabajo más eficiente e inmediato, al poder reunir datos de prueba sólidos, reales y científicos para que en el juicio no puedan ser anulados o desechados por el juez.
Como lo dice el presidente Andrés Manuel López Obrador: debemos barrer la casa de arriba hacia abajo.
Como delegado regional de la Policía Federal Ministerial en la Ciudad de México, me sumo a esta medida desde mi trinchera.
Soy un funcionario público que me embiste el Estado para actuar de manera correcta y ética dentro de un marco jurídico, respetando las garantías individuales, pero convencido de poner siempre todo mi conocimiento y amor por mi patria para combatir este delito que no solamente afecta la economía de México, sino que acaba en cuestión de minutos con decenas de personas.
*Originario de Zitácuaro, Michoacán, José Alzati Cambrón es maestro en Derecho por la Universidad Tamaulipeca y doctor honoris causa por la Universidad Ejecutiva del Estado de México. Cuenta con 20 años de trayectoria en materia jurídica y de investigación penal al dirigir a la Policía Federal Ministerial en los estados de Tamaulipas, Sinaloa y Michoacán.
Actualmete es delegado regional de la Policía Federal Ministerial en la Ciudad de México, cargo que ocupa por segunda ocasión.
Por su trayectoria como litigante fue distinguido con el premio al Mérito en Procuración Judicial otorgado por la Secretaría de Gobernación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Asociación Civil Día del Abogado.
La agrupación Pro Libertad y Derechos Humanos América junto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura lo reconocieron por sus contribuciones al cuidado, difusión y respeto a las garantías individuales y por su desempeño dentro de la anterior Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República.
